El Gobierno blindó el veto jubilatorio, pero no pudo salvar el de discapacidad

En una jornada marcada por intensos debates y votaciones ajustadas, el oficialismo logró mantener el veto presidencial a la ley que proponía aumentos en los haberes jubilatorios. Sin embargo, sufrió un revés significativo al caer el veto a la ley de emergencia en discapacidad.

La sesión en la Cámara de Diputados comenzó con una derrota para el oficialismo. Con el apoyo de antiguos aliados de La Libertad Avanza (LLA), la oposición logró reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Esta norma, sancionada en julio, busca actualizar los aranceles de los prestadores de servicios de discapacidad y crear una pensión equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

La votación finalizó con 172 votos a favor de la insistencia de la ley, superando ampliamente los 73 votos del oficialismo y sus aliados. Este resultado fue celebrado por familias, organizaciones no gubernamentales y entidades vinculadas al tratamiento de personas con discapacidad, quienes se manifestaron en las inmediaciones del Congreso.

En contraste, el oficialismo logró mantener el veto a la ley que disponía aumentos en los haberes jubilatorios. La votación finalizó con 160 diputados a favor de liquidar la medida presidencial, 83 en contra y 6 abstenciones. Como se necesitaban dos tercios de los votos para insistir con la ley, el oficialismo logró evitar su derogación.

El Gobierno justificó el veto a la ley de jubilaciones y argumentó que la medida ponía en riesgo el equilibrio fiscal, uno de los pilares de la administración económica. El jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, afirmó: “Primó la cordura y logramos defender el equilibrio fiscal. La mejor forma de ayudar a quienes más necesitan es manteniendo la baja de la inflación y la estabilidad económica”.

Ahora, la ley de emergencia en discapacidad vuelve al Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario aún más adverso que en la Cámara de Diputados. Si el Senado también rechaza el veto con los dos tercios de los votos, la ley entrará en vigencia. Esta norma busca aliviar la situación económica de las personas con discapacidad, prestadores y de las instituciones que brindan servicios en este sector.